A un año de #NoMeCuidanMeViolan

Redacción: Silvia Santaolalla

El 6 de agosto de 2019 comenzaron a circular las notas dónde se exponía el caso de una adolescente de 17 años quien acusó de violación a cuatro elementos policiacos en la alcaldía Azcapotzalco. Hecho que ocurrió la madrugada del 3 de agosto y del cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX confirmó que Asuntos Internos había abierto una carpeta de investigación.

Días después, se dieron a conocer dos denuncias más contra elementos de seguridad en CDMX: una violación por dos policías en la colonia Tabacalera y el abuso sexual por parte de la Policía Bancaria en el Museo Archivo de la Fotografía.

El 7 de agosto, en redes comenzó la invitación a la manifestación contra el abuso policiaco. Al día siguiente la procuradora Ernestina Godoy declaró que los policías podrían quedar libres a falta de imputación directa. Sus palabras fueron: “Seguramente si no hay una imputación directa y no tenemos la posibilidad de integrar la carpeta con lo que tenemos para poder hacer una imputación van a tener que regresar a su trabajo, no vamos a fabricar culpables”

Cientos de mujeres se dieron cita el 12 de agosto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Gritaron consignas, realizaron pintas y exigieron justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual. Alrededor de las 14:00 horas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, salió ante los medios de comunicación para afirmar que el caso no estaba cerrado. “Yo estoy viendo aquí un clima muy radicalizado, están insultando.” Fueron sus palabras antes de que un puño de diamantina rosa cayera sobre su cara, incendiando a las manifestantes en un grito de: ¡Justicia!

Desde este punto, la diamantina rosa se volvería símbolo de resistencia entre las feministas mexicanas. Las declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, criminalizaron las protestas y las llamó provocación. Ante sus declaraciones, colectivas feministas de distintas partes del país convocaron a una movilización el 16 de agosto. En un evento masivo, miles de mujeres tomaron las calles por todo el país exigiendo justicia y una respuesta clara ante los constantes abusos a los que las mexicanas estamos expuestas.

A un año de los hechos, y a pesar del diálogo entre activistas y autoridades, no existe un resultado contundente en cuanto a disminución de violencia sexual por parte de elementos de seguridad. Al contrario, según datos de Animal Político, las denuncias han aumentado. Desde septiembre de 2019 y hasta el 30 de junio de 2020 se han abierto 165 carpetas de investigación por delitos sexuales. Ninguna de las estrategias planteadas por el gobierno ha resultado, las promesas no han sido cumplidas y las manifestantes han sido criminalizadas una y otra vez durante todo el año. En cuanto a Jesús Orta, el pasado 8 de agosto, la Fiscalía General de la República dio a conocer que se giró una orden de aprehensión en su contra por su posible participación en el delito de delincuencia organizada. El trabajo que nos queda por delante es extenso y difícil. A pesar de todo haremos que se escuche nuestra voz y lucharemos por llevar justicia a todas nuestras hermanas.